martes, 6 de enero de 2015

Situación crítica en Comunidad “La Primavera” Qom

Al norte de nuestro país, en la provincia de Formosa, encontramos la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh “La Primavera”. La comunidad hace ya varios años que resiste la ocupación ilegal de sus tierras ancestrales, un territorio que comprende 5.187 Has. de las cuales solo pueden ocupar efectivamente 3.330 Has. reales. El resto de las tierras les fue arrebatado por Parques Nacionales, la Universidad Nacional de Formosa (UNAF) y por criollos de la zona que realizan constantes amenazas para amendrentar a los Qompi.


Una resolución del año 2010 de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos insta a las autoridades, tanto nacionales como locales de la zona, a preservar la integridad física de los integrantes de la comunidad, tras lo cual se dispuso la instalación de varios puestos de control con efectivos de Gendarmería Nacional. A pesar de esto, las amenazas y agresiones se han intensificado en el último tiempo. Según relata el carashé Felix Díaz (cacique de la comunidad), “al principio andaba bien, pero después pusieron gendarmes que son de por acá, que tienen familiares con intereses en la zona, y a partir de ahí ya no hacen nada, sólo nos controlan cuándo entramos, cuándo salimos, a dónde vamos, pero de nuestra seguridad no se ocupan, porque cuando pasan estas cosas, nunca hacen nada, dicen que no ven nada y así no podemos estar”.


El día 23 de Diciembre encontraron el cuerpo sin vida de Norma Artaza a la vera de la ruta nacional 86, el 29 del mismo mes Rolando, hijo de Félix fue agredido por extraños en el fondo de su casa, el día 2 de Enero aparece el cuerpo del sobrino de Norma Artaza, y el día 3 se escuchan disparos de armas de fuego dentro de la comunidad. Consultado sobre estos temas, esto nos decía Félix:

-Felix Díaz:“Nosotros venimos denunciando muchas injusticias que padecemos día a día, y creo que no hemos podido avanzar ninguna de las denuncias, solamente nos investigan, nos hacen declarar, no hay algo concreto que pueda favorecer el reclamo de la comunidad. Yo como autoridad me siento preocupadísimo por esta situación que estamos atravesando, hace poco falleció la hermana de la comunidad Norma Artaza, que fue encontrada muerta a la vera de la Ruta 86, un día 12 de Diciembre, y ayer tambien nos enteramos que falleció otro joven, que es sobrino de esta mujer Norma Artaza, el chico tiene 17 años, también fue encontrado a la vera de la Ruta Nacional 86, que tampoco sabemos qué pasó, pero lo que sí sabemos, es que los médicos siempre ponen la carátula como paro cardíaco, accidente o suicidio para poder terminar así las muertes sin investigar a fondo lo que les pasa las personas, y esa preocupación creo que es generalizada por parte de los miembros de la Comunidad Qom.”

En el año 2010 la comunidad fue brutalmente reprimida mientras realizaban un corte de ruta en reclamo de tierras usurpadas por el Gobierno de Formosa. En esa ocasión, falleció un hermano de la comunidad y un policía, en donde resultaron además gravemente heridos varixs de lxs manifestantes entre quienes había mujeres y niños. Esto motivó el repudio de la sociedad en general, llegando el caso hasta la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

-Felix Díaz:“Estamos en una lucha que se inicio en el año 2010 por el tema de despojo territorial que nos hizo el Gobierno de Formosa, a través del Gobernador Gildo Insfrán, que tomó la desicion de quitarnos esta tierra en que estoy sentado ahora, se convirtió en propiededad privada que le ha cedido la familia de Cecilio Celiaz, un criollo de la zona oriundo del Paraguay, y también mediante la resolución del Gobierno de Formosa, tenemos procesamiento por causa penal por instigar a la violencia y tanbién por ideólogo intelectual de la muerte del policia Éber Falcón y de Roberto López (miembro de la comunidad), y también, la causa civil que me imputan por la usurpación de tierras que estoy ocupando. Y la situación en general de la comunidad es critica porque a través de esta postura de reclamar y exigir justicia llegamos hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde en año 2010 y 2011 nos otorgó una medida cautelar para poder garantizar nuestra integridad fisica, la mía y de mi familia, y el resto de los integrantes de la comunidad Qom. Por esa razón, la Gendarmeria está acá, para poder custodiar nuestras vidas, pero lastimosamente la Gendarmería, a través de la Comandancia General, según me dijo el 2° Comandante Sanabria del Escuadron 16 de Clorinda, me dijo que la desición viene de arriba, cuando designa un gendarme de la zona, como el caso de Murdoch, de González, de Aníbal, y son gendarmes que tenemos conflictos de tierras dentro de esta comunidad, porque los familiares de estos gendarmes están usurpando nuestras tierras, entonces estos gendarmes cuando están de guardia en mi casa o en la ruta se comunican con los criollos de la zona para que nos haga la vida imposible, para poder ignorar la entrada de criollos, que vienen armados con un rifle en el hombro y no se registra, entonces ese problema que venimos atravesando nos preocupa…


Dame la tierra toma la biblia
Como hace más de 500 años, el colonialismo supo combinar muy bien la ocupación territorial a partir de la alianza entre el poder político y religioso, la cruz y la espada. Hoy en día se padecen como en aquellos tiempos las mismas prácticas de dominación sobre nuestros pueblos indígenas. El Gobierno de Formosa, a cargo de Gildo Insfrán, manipula a dirigentes locales de la comunidad y autoridades religiosas para apoderarse de buena parte de sus tierras. Esto lo logra a partir de la división de la comunidad en dos organizaciones, una provincial y otra nacional. 
-Felix Díaz: Primero que el Estado, Nacional y Provincial, se encargaron de dividir legalmente la familia indígena, cómo lo han dividido, a través de conformar dos organizaciones, o sea, dos personerías jurídicas, una provincial, que está en manos del Gobierno de Formosa y una organización de personería jurídica nacional, que está en nuestras manos, pero la mas importante para nosotros es la que tiene la provincia, que está a cargo de Oscar Camachi, que es un hermano nuestro indígena, que está siendo manípulado por el poder político y es el que ejerce el control de la tierrra porque esa personería juridica es la titular de las tierras, y la nuestra, el RENACI, no tenemos el respaldo jurídico para seguir defendiendo nuestras tierras porque estamos divididos legalmente y estamos confrontados legalmente como hermanos y esto es muy lamentable. Entonces, desde ahí se generan estos conflictos porque la asociación civill provincial es la que cedió a Parques Nacionales nuestras tierras, la Laguna Blanca, una gran parte del sector de la zona norte del territorio le cedieron a la Universidad Nacional de Formosa y también a criollos de la zona. Entonces, esta conf rontación legal, que el gobierno y los gobiernos, se encargó que los indígenas se peleen y se maten entre ellos, según expresión del Ministro Jorge Gonzales de la provincia, porque el ve que lo que pasa dentro de nuestra comunidad es culpa nuestra, poque nos peleamos, nos drogamos, nos enborrachamos, por qué el ve de esa manera, porque él conformó una organización que se llama Unión de Pastores Evangélicos, el 80% de los pobladores de la comunidad son creyentes evángélicos cristianos, pero por qué pasa esto, por qué esa maldad. El poder politico manipula la creencia y la fe de los integrantes de la comunidad Qom, entonces es muy difícil decir que es ilegal cuando la personeria jurídica avala este despojo mediante arrendamiento de tierras a criollos de la zona y también el aval de la personería juridica provincial a través de la entrega de la Laguna Blanca en manos de Parques Nacionales. Entonces, esa discusión que estamos llevando adelante es muy dura y muy difícil, porque estamos enfrentados ante el poder politico nocional, el poder politico de la provincia y la justicia que también avala la manipulacion de los gobiernos hacia las tierras indigenas.

Finalmente Felix nos cuenta cuáles son sus espectativas para este año que entra y sus deseos para el resto de la comunidad Qom.


Mi deseo es que la cosa se normalice, que yo pueda estar con mi familia, sembrar, trabajar acá en mi casa y sentirme libre, que los hermanos también tengan la posibilidad de recuperar sus tierras y que la trabajen y que podamos convivir pacíficamente porque hoy no tenemos la libertad de salir afuera de nuestra comunidad, porque estamos siendo muy controlados, sabemos que los gendarmes cuando salimos nos preguntan a dónde vas, con quién te vas y a dónde va a estar, entonces uno le informa esa salida y los gendarmes saben: Felix va a tal parte, va con esta persona en moto. Estamos muy controlados porque los gendarmes deberian controlar a los criollos y no a los indigenas, porque la medida cautelar que nos otorgó la Comisión Interamericana dice: proteger la integridad física de Félix y su familia y también los mienmbros de la comunidad Qom, y eso no se está haciendo,o sea, hay un incumplimiento de la medida cautelar por parte de las fuerzas de seguridad que debería ser: actuar en conjunto entre policía y gendarmería para interv estos delitos que estamos denunciando. 

martes, 6 de mayo de 2014

Atropello policial a la Coop. La Esperanza


En la madrugada del martes, la Polícía de la Provincia de Códoba realizó un operativo de saturación policial en Villa Lonja. Entraron encapuchados, con escudos y armas de fuego, se llevaron más de 40 personas detenidas, en su mayoría por contravenciones del Código de Faltas. Entre los detenidos estaba Purrucu, Presidente de la Coop. de Carreros La Esperanza, con la excusa de "encubrimiento de robo", de una moto que le secuestraron y que era de un amigo y socio de la cooperativa. Purrucu estuvo detenido por más de 12hs. en la Comisaría Décima, a pesar de que en la misma mañana el titular de la moto se presentara con los papeles correspondientes y su respresentante legal.


Luego de una importante concentración de carreros y la intervención de los abogados se logró la liberación de Purucu. Quedó pendiente la reunión con la Municipalidad para acordar condiciones laborales...
En el día de hoy se realizará en Córdoba una movilización para denunciar los casos de gatillo fácil y de abuso policial. Todo preso es político. Arriba lxs que luchan!!!

viernes, 21 de marzo de 2014

El engañoso proyecto de ley ambiental



La actitud del gobernador, revela la filosofía subyacente detrás del proyecto, de prodigar fondos y premiar al que tiene un plan de gestión, en lugar de destinarlos a proyectos sustentables que equilibren el costo de la producción que busca percibir las mayores ganancias. Para lo cuál, falsea un suspuesto interés de abrirse a la participación.

  1. Manipula el instituto de partición ciudadana. En vez de otorgar normas mas protectorias de estos derechos, conforme al Art.4 de la ley general del ambiente, se hace conceder la potestad de administrar este instituto.
  2. Facultades extraordinarias: Se hace conceder facultades extraordinarias por el legislativo dando marcha atrás con derechos adquiridos.
  3. Doble juego: simula la incorporación de institutos de participación ciudadana, cuando en realidad se ocupa de complejizarlo, aletargarlo aún más en un momento de conflictividad social.
El proyecto de ley muestra haber sido redactado de una manera apresurada, sometiendo a reglamentación la mayoría de sus artículos, sobre todo en lo relativo a la participación ciudadana. Esto significa que es una norma en su mayor parte programática, no operativa, difiriendo la aplicación de la misma a los criterios de la autoridad administrativa, sin establecer plazos ni sanciones. La discrecionalidad otorgada a la administración es notoria. El proyecto de ley no pretende derogar ni reemplazar a la actual legislación provincial, sino que por el contrario le agrega 35 artículos que se supone, regirán sobre la cuestión de las consultas populares y la participación ciudadana. Los nuevos artículos de la ley dotan a la autoridad de aplicación la potestad de llamar a una consulta en los casos que lo considere pertinente según una reglamentación que al efecto se dictará, pero que aún no se conoce, ni se estima plazo ni sanción para su concreción, por lo que lejos de resolver la cuestión de la participación ciudadana abandona este tema a un letargo durante el cual el ciudadano no sabrá a ciencia cierta qué criterio es el que rige. En el artículo 10 cuando dice “conforme a la reglamentación”, deja librada la posibilidad de definir el carácter contaminador de un emprendimiento al criterio de la autoridad de aplicación. En el artículo 29 cuando se refiere a la información ambiental, da un paso atrás respecto a ley nacional de libre acceso a la información ambiental (25831) cuando dice que los requisitos que permitan instrumentar el acceso a la información dependerán de la autoridad de aplicación, siendo que la ley de libre acceso a la información ambiental (25831) es una ley de presupuestos mínimos operativa por sí misma.
En el artículo 32, cuando se refiere a las medidas de autogestión plantea premios y beneficios a las actividades no contaminantes ¿Un premio para alguien que no contamina? Curiosamente se reserva un ‘premio’ para los emprendimientos que tengan implementado un sistema de gestión ambiental, cuando la misma ley declara como instrumento de política y gestión ambiental a estos planes de gestión (art. 5 inc. d).

Artículo 18: “La autoridad de aplicación exigirá el acompañamiento del plan de gestión ambiental.”

Alguien puede ser premiado por algo que en lo que pocos párrafos antes esta obligado a cumplir, es decir que se reserva un premio por el cumplimiento de una obligación. Debería para este caso estimularse la inversión en materia de prevención ambiental, en estrategias de concientización y educación, o bien brindar créditos de fomento a otras actividades para que puedan paliar los efectos cada vez más contaminantes. Además del articulado del proyecto no surge de dónde saldrán los fondos ni cuáles serán los medios para obtenerlos. Esto nos habla del apresuramiento e irreflexión de este proyecto, que otorga a una autoridad administrativa le enorme herramienta de regular nada más y nada menos que las reglas por las que el ciudadano puede opinar sobre una actividad que afecte su vida y su salud, que es un presupuesto mínimo de la protección. Un verdadero paso atrás para la legislación ambiental que hoy nos rige.
En el artículo 11 habla sobre la posibilidad de los ‘ciudadanos o interesados, las Organizaciones No Gubernamentales y el Defensor del Pueblo’ de pedir una Audiencia Pública. Para comenzar, se está restringiendo claramente el marco normativo de superior jerarquía que es la Ley General de Ambiente, que otorga esta posibilidad a toda ‘persona’, que ya sabemos es más amplio que ‘ciudadano’ (este no incluye a los extranjeros por ejemplo), y el término ‘interesados’ no es un concepto jurídico, pero nos acerca a la posibilidad de que se restrinja este acceso a los que tengan un interés legítimo descartando los intereses difusos, que son los que cuentan en estos casos. Las Asambleas Ciudadanas NO ESTAN INCLUIDAS en esta nómina, y si a esto sumamos que, una vez más, se da carta abierta a la autoridad administrativa para que regule ‘requisitos y plazos’ para el acceso a esta petición, nos encontramos frente a un horizonte que, además de no ser congruentes con los presupuestos mínimos, no hará más que agravar la conflictividad social y la litigiosidad en esta materia. Tal como lo afirmó el Instituto de Derecho Ambiental y de la Energía de la UNC

Es un proyecto que redunda en expresiones vagas y susceptibles de confundir conceptos. Se habla de participación ciudadana, consulta y audiencia pública como si fueran sinónimos, aunque está bien claro que cuando esto depende de los ciudadanos, se limita sólo a audiencia pública. Aclaremos: los tres principales artículos que supuestamente regulan la materia de la participación ciudadana (arts. 9, 10 y 11 del proyecto) utilizan de manera ambigua las conceptos. Primero habla de participación ciudadana, en el art. 9 que se refiere a la instrumentación de dicho mecanismo. Luego, el art. 10 vuelve sobre el tema, con una pésima redacción, donde menciona a las audiencias públicas y mecanismos de consulta, todos los cuales quedan sometidos a la reglamentación. Finalmente, en el art. 11, única disposición que otorga al ciudadano la posibilidad de instar a estos mecanismos, se menciona sólo a la Audiencia Pública.

Recordemos que la Ley Orgánica de Municipios (ley 8102) contiene normas que ella misma titula de “democracia semidirecta”, entre los que se encuentran la iniciativa popular, el referéndum, la revocatoria popular, y “otras formas de participación ciudadana” a la audiencia pública, el concejo asesor municipal y el voluntariado. Teniendo en cuenta que la conflictividad social se enmarca principalmente dentro de los municipios, nos preguntamos qué relación existirá entre unas y otras normas, y qué lugar le queda a los vecinos para iniciar sus pedidos de participación a ser consultados y escuchados respecto de algún proyecto particular. Nada dice este proyecto, solo se limita a declarar que los organismos municipales y comunales integrarán en sus decisiones y actividades, previsiones de carácter ambiental para alcanzar los objetivos establecidos en esta ley; confundiendo aún más la situación actual.
Es decir que este proyecto de ley, que se autodefine como complementario de la Ley General de Ambiente, complementa entorpeciendo y difiere a una reglamentación institutos de participación ciudadana que ya se encuentran debidamente garantizados por la Ley General de Ambiente.
Hay una postura política detrás de esto para darle una herramienta de discrecionalidad a la administración; es decir que en lugar de avanzar en derechos para la ciudadanía (complementando la ley de presupuestos mínimos mediante una legislación más protectoria), otorga potestades al ejecutivo, le entrega en bandeja un menú de opciones reglamentarias, sin plazos, sin condiciones ni sancionesEn lugar de tratarse de una carta de derechos para el ciudadano, se transforma en una entrega de potestades al poder ejecutivo (en lugar de reafirmar mediante normas más protectorias el derecho adquirido a la participación ciudadana en aquellos casos de actividades que puedan afectar el ambiente, se les entrega al ejecutivo la libre y discrecional de reglamentarlos.
De esta manera se engaña a la gente cuando en un acto de claro objetivos políticos de enfriar una conflictividad creciente por el caso Monsanto, simulando la apertura a una participación ciudadana propone establecer un código cuya reglamentación se reserva para sí. Lo que quiere, es que los legisladores, lo más representantes del pueblo le entreguen ese derecho en bandeja al poder ejecutivo. Los legisladores, que representan al pueblo, deberían considerar muy seriamente su lugar en el mundo y su lugar en la historia, a la hora de tan desaprensiva entrega, sobre todo en una materia tan importante como es el medioambiente.


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